¿Cómo se echa a los okupas de una vivienda en España?

Primero: «okupa» no es una sola cosa

Casi todos los errores en este tema vienen de mezclar tres situaciones que la ley trata de forma radicalmente distinta:

Ocupan tu morada — tu vivienda habitual o una segunda residencia que usas regularmente. Es allanamiento de morada (art. 202 del Código Penal). Es el escenario con mejor respuesta: si el delito es flagrante, la policía puede desalojar sin esperar orden judicial.
Ocupan un inmueble vacío — un piso sin uso, heredado, en venta o comprado para alquilar. Es usurpación (art. 245 CP). Aquí no suele haber desalojo inmediato: la modalidad pacífica es un delito leve castigado con multa, y hace falta procedimiento.
Un inquilino deja de pagar y no se va — el llamado «inquiokupa». No es okupación penal: es un impago de renta y va por el desahucio civil arrendaticio, la vía más lenta de las tres.

Todo lo que leas sobre plazos («horas», «48 horas», «quince días», «dos años») depende de en cuál de las tres casillas estés.

El mito de las 48 horas

No existe en la ley española ningún plazo de 48 horas para desalojar. Lo que sí existe:

Flagrancia: si la policía llega mientras el delito se está cometiendo —acaban de entrar, hay testigos, saltó la alarma—, puede intervenir y desalojar en el acto, sobre todo en allanamiento. Por eso las primeras horas son críticas: denuncia inmediatamente, aporta escrituras o recibos que acrediten que es tu morada y no dejes que la situación se «asiente».
La proposición de ley del desalojo en 48 horas (y otra del PP en el mismo sentido) fue tomada en consideración por el Congreso en 2025, pero a mediados de 2026 sigue bloqueada en tramitación, con el plazo de enmiendas prorrogado más de un centenar de veces. No es derecho vigente.

La vía penal en 2026: qué cambió de verdad la «ley antiokupas»

La Ley Orgánica 1/2025 (en vigor desde el 3 de abril de 2025) metió el allanamiento y la usurpación en la lista de delitos que se tramitan por juicio rápido (art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Sobre el papel: atestado policial, instrucción en el juzgado de guardia y vista en unos quince días.

La letra pequeña la puso la Circular 1/2025 de la Fiscalía General del Estado (junio de 2025):

El allanamiento y la usurpación con violencia o intimidación sí van por juicio rápido cuando hay atestado y hechos claros.
La usurpación pacífica —el caso más frecuente: el piso vacío al que entran sin violencia acreditada— es un delito leve y se tramita por el juicio de delitos leves, con su propio calendario.
En ambos casos, la Fiscalía tiene instrucciones de pedir al juez el desalojo como medida cautelar y la restitución del inmueble sin esperar a la sentencia, cuando la titularidad está clara y mantener la ocupación causa un perjuicio.

¿El balance real a un año? El atasco de los juzgados manda. Con morada y flagrancia, los desalojos se resuelven en horas o días. Con un inmueble vacío, lo habitual sigue siendo de tres meses a un año, aunque la cautelar de desalojo —pídela siempre— puede acortarlo mucho.

La vía civil: el «desahucio exprés» sigue siendo tu mejor carta si eres particular

Para inmuebles vacíos, la vía civil de la Ley 5/2018 (la tutela sumaria de la posesión del art. 250.1.4º LEC) suele ser más fiable que la penal:

Pueden usarla personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas de vivienda (no las empresas, que van por precario).
La demanda puede dirigirse contra los «ignorados ocupantes», sin identificar a nadie.
El juzgado requiere a los ocupantes para que aporten en 5 días un título que justifique su posesión. Si no lo hacen, ordena la entrega inmediata, y contra esa decisión no cabe recurso con efecto suspensivo.
Está exenta del requisito de mediación previa (MASC) que la propia LO 1/2025 impuso a la mayoría de demandas civiles — el legislador asumió que no se puede mediar con quien no sabes ni quién es. El desahucio del inquilino moroso, en cambio, sí carga con ese trámite, lo que lo ha hecho aún más lento.

Con juzgados ágiles, esta vía resuelve en 2 a 6 meses. Las empresas y bancos, limitados al precario o al declarativo, se van fácilmente más allá del año.

La pieza que casi nadie cuenta. Desde 2020 se viene prorrogando la suspensión de lanzamientos de hogares vulnerables, y en 2026 la regula el Real Decreto-ley 2/2026 (después de que su antecesor de diciembre no se convalidara):

Hasta el 31 de diciembre de 2026 pueden suspenderse desahucios y lanzamientos cuando el hogar acredita vulnerabilidad económica sin alternativa habitacional, con informe de servicios sociales.
Novedad importante para pequeños propietarios: en los desahucios de alquiler, la suspensión no se aplica si el arrendador tiene dos o menos viviendas.
En ocupaciones sin título, la suspensión solo puede jugar contra propietarios personas jurídicas o grandes tenedores (más de 10 viviendas) y con ocupantes vulnerables con dependientes, menores o víctimas de violencia. Nunca si lo ocupado es tu morada o segunda residencia, si hubo violencia en la entrada, si hay actividades ilícitas o si entraron después de la norma.
El propietario afectado por una suspensión puede pedir compensación económica (renta media de mercado más gastos), con plazo hasta el 31 de enero de 2027.

Traducción: si eres un particular con una o dos viviendas, el escudo social te afecta mucho menos que hace dos años. Si compras a través de una sociedad o acumulas más de diez viviendas, cuenta con él.

Los números de 2026

Según el Ministerio del Interior, en 2025 se conocieron 14.875 allanamientos y usurpaciones, un 10 % menos que en 2024. Cataluña concentra casi el 40 % del total (5.913 casos). El riesgo existe, pero conviene dimensionarlo: hablamos de unos 15.000 casos al año sobre un parque de más de 26 millones de viviendas — y muy concentrados geográficamente.

Y si la vivienda la compraste en subasta: tu vía es otra

Si el inmueble ocupado te lo adjudicaste en una subasta judicial, no empieces por la denuncia penal: tienes una vía propia y más directa, el incidente del art. 675 LEC, dentro del mismo procedimiento de la ejecución. El juzgado requiere a los ocupantes, examina sus títulos en una vista rápida y, si no acreditan derecho a permanecer, ordena el lanzamiento. Tienes un año desde la adquisición para usarla; pasado ese plazo, te toca el declarativo ordinario.

Lo explicamos a fondo en la guía de vivienda ocupada en subasta, y antes de pujar puedes incluso pedir visitar la vivienda para salir de dudas.

Cómo lo refleja BIDIA

En subastas, la ocupación es la variable que más margen destruye. Cada ficha de BIDIA muestra la situación posesoria extraída de los documentos oficiales y la pondera en el nota de oportunidad: una vivienda «libre de ocupantes» y otra «ocupada sin título» con el mismo descuento no son la misma inversión.

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Nota: esta guía es divulgativa y no constituye asesoramiento jurídico. Los plazos citados son orientativos y varían mucho según el juzgado; ante una ocupación real, actúa el primer día y consulta con un abogado penalista o procesalista.